Según los registros de la junta de Galicia ninguna ciudad ni pueblo costero de la comunidad ha adaptado sus planes a las exigencias de la llamada ley do solo, la ley del suelo gallega. Y hay casos tan importantes como los municipios de Vigo, Pontevedra o la Coruña. Tan solo pobra do caramiñal cuenta con una aprobación pero es parcial y aún no ha sido ratificada. La normativa fue aprobada en 2002 y establece un plazo máximo a los ayuntamientos de 2 años para su adaptación. Uno de los objetivos en el litoral era que nadie pudiera construir a menos de 200 metros de la costa. El problema es que nadie lo cumplió y antes las dificultades para su aplicación la nueva junta ha decidido endurecer la legislación. Ahora se eleva a 500 metros del mar la distancia donde se puede edificar para todos los municipios que no hubieran adaptado su plan general.