El objetivo es promover la participación de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la comprobación de peticiones de derribo o rehabilitación de edificios ruidosos en los que sea necesario desalojar a inquilinos.
Así lo manifestó el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, Guillermo Chicote, durante la inauguración del XXVI Coloquio Nacional de esta asociación.

En su propuesta Chicote especificó que en los casos que sean necesarias adoptar este tipo de medidas, debería ser la empresa encargada de la obra la que se hiciera cargo de los gastos de realojo de los inquilinos hasta que éstos pudieran regresar a su vivienda anterior.

De esta forma, según Chicote, el proceso se produciría con "todas las garantías" para ambas partes, el inquilino y la empresa, y se evitarían las prácticas "de tipo mafioso". "Hemos de buscar una herramienta que sea práctica y cómoda para ambas partes", dijo Chicote, que añadió que "no se puede hacer empresa avasallando a los débiles".